"En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Clara y tajante es la
ley que organiza el sistema educativo actual: la selección de los alumnos se realizará con criterios de igualdad en todos los centros sostenidos con fondos públicos. También en los concertados. Los colegios privados que quieran renovar las subvenciones de la Junta de Andalucía tienen que aceptar este principio de igualdad en las aulas o, de lo contrario, pueden verse exentos de los fondos públicos que reciben para mantener las plazas concertadas. La polémica está sembrada en los colegios concertados que mantienen un modelo que segrega a los alumnos por razón de sexo. En Sevilla son cinco. Y la interrogante sobrevuela sobre todos los colegios católicos concertados ya que la ley les obliga, en principio, a aceptar a todos los alumnos independientemente de su creencia religiosa. Desde el momento en que un colegio privado recibe financiación pública para mantener un número determinado de plazas escolares, el centro tiene que someterse a los requisitos que tienen que cumplir todos los colegios públicos. Si las instituciones docentes no están dispuestas a admitir las normas que impone la ley y la Administración educativa, siempre pueden optar por mantener las plazas bajo una titularidad privada y establecer sus propios métodos de selección de alumnos. El sistema público corre el riesgo de caer en desigualdades si se permiten privilegios o excepciones a lo establecido en la legislación educativa.Los conciertos educativos caducan cada cuatro años y los centros privados que quieren renovarlos tienen de plazo hasta finales de enero para presentar las solicitudes ante la Delegación Provincial de Educación. Los centros que mantienen un modelo segregado (los niños con los niños y las niñas con las niñas), tienen que adaptarse a la LOE y a la orden de la Junta (BOJA, 5 de enero) para renovar las plazas concertadas o bien recurrir a la vía judicial, ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Defensores del modelo segregado o diferenciado sostienen que el sexo del alumno condiciona el rendimiento escolar, "una teoría que hoy por hoy carece de evidencias científicas", explican expertos en Pedagogía. El sistema de evaluación reconocido en el ámbito internacional y referente en Europa, el informe PISA, excluye el género como indicador del rendimiento escolar y se centra sólo en las capacidades de los estudiantes en función de los niveles educativos.La educación de niños y niñas en un aula "favorece la convivencia y la tolerancia, al crear un clima enriquecedor en el que los alumnos aprenden en el respeto desde el contraste de opiniones", explica Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. Esta experta recuerda que el sistema educativo "se está esforzando por introducir contenidos educativos en los que las mujeres estén visibles y que eliminen los estereotipos". La segregación en el aula es, por tanto, una contradicción en el sistema público. (noticia publicada en el Diario de Sevilla).
ley que organiza el sistema educativo actual: la selección de los alumnos se realizará con criterios de igualdad en todos los centros sostenidos con fondos públicos. También en los concertados. Los colegios privados que quieran renovar las subvenciones de la Junta de Andalucía tienen que aceptar este principio de igualdad en las aulas o, de lo contrario, pueden verse exentos de los fondos públicos que reciben para mantener las plazas concertadas. La polémica está sembrada en los colegios concertados que mantienen un modelo que segrega a los alumnos por razón de sexo. En Sevilla son cinco. Y la interrogante sobrevuela sobre todos los colegios católicos concertados ya que la ley les obliga, en principio, a aceptar a todos los alumnos independientemente de su creencia religiosa. Desde el momento en que un colegio privado recibe financiación pública para mantener un número determinado de plazas escolares, el centro tiene que someterse a los requisitos que tienen que cumplir todos los colegios públicos. Si las instituciones docentes no están dispuestas a admitir las normas que impone la ley y la Administración educativa, siempre pueden optar por mantener las plazas bajo una titularidad privada y establecer sus propios métodos de selección de alumnos. El sistema público corre el riesgo de caer en desigualdades si se permiten privilegios o excepciones a lo establecido en la legislación educativa.Los conciertos educativos caducan cada cuatro años y los centros privados que quieren renovarlos tienen de plazo hasta finales de enero para presentar las solicitudes ante la Delegación Provincial de Educación. Los centros que mantienen un modelo segregado (los niños con los niños y las niñas con las niñas), tienen que adaptarse a la LOE y a la orden de la Junta (BOJA, 5 de enero) para renovar las plazas concertadas o bien recurrir a la vía judicial, ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Defensores del modelo segregado o diferenciado sostienen que el sexo del alumno condiciona el rendimiento escolar, "una teoría que hoy por hoy carece de evidencias científicas", explican expertos en Pedagogía. El sistema de evaluación reconocido en el ámbito internacional y referente en Europa, el informe PISA, excluye el género como indicador del rendimiento escolar y se centra sólo en las capacidades de los estudiantes en función de los niveles educativos.La educación de niños y niñas en un aula "favorece la convivencia y la tolerancia, al crear un clima enriquecedor en el que los alumnos aprenden en el respeto desde el contraste de opiniones", explica Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. Esta experta recuerda que el sistema educativo "se está esforzando por introducir contenidos educativos en los que las mujeres estén visibles y que eliminen los estereotipos". La segregación en el aula es, por tanto, una contradicción en el sistema público. (noticia publicada en el Diario de Sevilla).